Gabriela Rojas|ÚN.- En nombre del derecho de frente son muchos
los derechos ciudadanos que se violan cada día. Cada obstáculo, muro,
reja o cadena que un propietario o residente coloque en las aceras o
espacios públicos ubicados frente a su propiedad está fuera de norma.
Coloquialmente se conoce como derecho de frente al impuesto por inmuebles urbanos que todo propietario de comercio o vivienda debe cancelar al municipio por la titularidad del bien inmueble, explica Alejandro Vieira, abogado y profesor de derecho inquilinario.
“Se ha malinterpretado el concepto y se usa como un modismo, pero el derecho de frente es solo un impuesto en razón a la superficie del inmueble y al tipo de construcción. Pero no significa que me voy a agarrar el espacio que forma parte de lo público”, especifica Vieira.
Aceras privadas. Caracas está llena de aceras privatizadas, tanto por los comercios que convierten los frentes en estacionamientos para sus clientes, como por dueños de casas que colocan rejas o muros más allá del límite de retiro establecido en las ordenanzas de cada municipio, que deben ser supervisadas por la dirección de control urbano.
“Para eso se paga y estamos al día con los impuestos. (El estacionamiento al frente) es parte del valor agregado si uno quiere vender el negocio”, comenta el dueño de una panadería en La Florida.
Señala que muchos propietarios se sienten más vulnerables por la inseguridad y por eso deciden instalar rejas aunque estén sobre la acera.
Pero en muchos casos el borde que queda para caminar es mínimo, y cuando hay carros estacionados es inexistente.
La única opción de cualquier persona para seguir el trayecto es lanzarse a la calle. Pero esto representa una violación de los derechos de las personas con movilidad reducida, alguien que requiera moverse en silla de ruedas, o sencillamente es un riesgo para una persona que transite y lleve un coche con un bebé.
“La construcción de obras está supervisada por las direcciones municipales de control urbano. Para modificar una casa hay que respetar los retiros, que son parámetros de construcción”, explica el abogado, y agrega que esos límites dependen de muchas variables (cercanías con quebradas, casetas de servicios, vías o planes de expansión de transporte masivo).
“Las personas no cumplen con esos permisos. Sencillamente construyen o modifican pero sin averiguar los límites que deben respetar”, señala Vieira.
Coloquialmente se conoce como derecho de frente al impuesto por inmuebles urbanos que todo propietario de comercio o vivienda debe cancelar al municipio por la titularidad del bien inmueble, explica Alejandro Vieira, abogado y profesor de derecho inquilinario.
“Se ha malinterpretado el concepto y se usa como un modismo, pero el derecho de frente es solo un impuesto en razón a la superficie del inmueble y al tipo de construcción. Pero no significa que me voy a agarrar el espacio que forma parte de lo público”, especifica Vieira.
Aceras privadas. Caracas está llena de aceras privatizadas, tanto por los comercios que convierten los frentes en estacionamientos para sus clientes, como por dueños de casas que colocan rejas o muros más allá del límite de retiro establecido en las ordenanzas de cada municipio, que deben ser supervisadas por la dirección de control urbano.
“Para eso se paga y estamos al día con los impuestos. (El estacionamiento al frente) es parte del valor agregado si uno quiere vender el negocio”, comenta el dueño de una panadería en La Florida.
Señala que muchos propietarios se sienten más vulnerables por la inseguridad y por eso deciden instalar rejas aunque estén sobre la acera.
Pero en muchos casos el borde que queda para caminar es mínimo, y cuando hay carros estacionados es inexistente.
La única opción de cualquier persona para seguir el trayecto es lanzarse a la calle. Pero esto representa una violación de los derechos de las personas con movilidad reducida, alguien que requiera moverse en silla de ruedas, o sencillamente es un riesgo para una persona que transite y lleve un coche con un bebé.
“La construcción de obras está supervisada por las direcciones municipales de control urbano. Para modificar una casa hay que respetar los retiros, que son parámetros de construcción”, explica el abogado, y agrega que esos límites dependen de muchas variables (cercanías con quebradas, casetas de servicios, vías o planes de expansión de transporte masivo).
“Las personas no cumplen con esos permisos. Sencillamente construyen o modifican pero sin averiguar los límites que deben respetar”, señala Vieira.
grojas@cadena-capriles.com
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