La afirmación la formularon los directores del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Jesús María Casal y Ligia Bolívar, respectivamente; y el director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Luis Carrillo, en una carta que el enviaron al presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado Roy Daza (PSUV), en la cual le solicitaron revisar el polémico borrador. Los expertos le advirtieron al legislador que la eventual aprobación del texto, tal y como está, "generaría (...) serios problemas jurídicos de índole constitucional e internacional y tendría seguramente un efecto inhibitorio sobre las organizaciones no gubernamentales y sobre los propios cooperantes, todo lo cual atentaría contra la cooperación internacional y contra la promoción y defensa de los derechos humanos". Los catedráticos cuestionaron la propuesta de crear un fondo a donde deberán ir todos los recursos que las instituciones públicas y las agrupaciones civiles y sociales reciban desde el extranjero y el cual será manejado y distribuido por el Ejecutivo Nacional en base a lo previsto en el plan socialista de Desarrollo de la Nación. "El Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional previsto (...) solo puede comprender los recursos que reciba el poder público o sus entes adscritos", afirmaron Casal, Bolívar y Carrillo, al tiempo que agregaron: "Las políticas, modalidades y lineamientos en materia de cooperación internacional se refieren exclusivamente a la actuación e intercambios del Estado y no vinculan a las organizaciones sociales (...) No corresponde al Estado centralizar la política de cooperación ni someter a las organizaciones a las políticas que él haya fijado".
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La petición presidencial de "que se haga una ley muy severa para impedir el financiamiento yanqui" a las agrupaciones civiles que críticas con su gestión también fue fustigada por los expertos en su carta. "Estas afirmaciones son peligrosas pues debe entenderse que por su propia naturaleza las organizaciones no gubernamentales realizan un seguimiento a la actuación del Estado y en ese contexto emiten usualmente informes con contenido crítico, a menudo acompañados de las respectivas recomendaciones dirigidas a las autoridades. Nada de esto conspira contra la institucionalidad democrática", señalaron. Precisamente Daza, a quien dirigieron la misiva, admitió que el fin del proyecto es obstaculizar que organizaciones de Derechos Humanos reciban recursos del exterior, debido a sus constantes observaciones a la gestión gubernamental.
