El Gobierno ecuatoriano se manifestó este miércoles a favor de Venezuela tras las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, en contra de la Ley Habilitante y manifestó que sus pronunciamientos son improcedentes por carecer de facultades para aplicar algún instrumento jurídico internacional.
A través de un comunicado de la cancillería, Ecuador señala que Insulza
Carece de facultades para interpretar y más aún intentar aplicar a un caso concreto los instrumentos jurídicos internacionales vigentes en el seno de la OEA.
Por lo tanto, añade que es improcedente su pronunciamiento al señalar que "la Ley aprobada en Venezuela, viola la Carta Democrática de la OEA, sin contar, además, con mandato ni autorización alguna de los Estados Miembros sobre este tema".
El secretario general de este organismo expresó la pasada semana que la Ley "viola el espíritu y la letra de la Carta Democrática Interamericana".
La Ley que otorga poderes especiales al presidente venezolano, Hugo Chávez, dispone la reconstrucción, a la brevedad posible, de las zonas afectadas por las inundaciones y además insta a la entrega de viviendas para todas los personas que perdieron sus hogares.
La normativa da prioridad a la atención sistematizada y continua a las necesidades humanas vitales y urgentes derivadas de las condiciones vitales de pobreza y tragedias naturales; entre las que se incluyen la infraestructura, transporte, vivienda, seguridad integral, cooperación internacional y mejora del sistema socioeconómico de la nación.
El gobierno ecuatoriano advierte que este tipo de pronunciamientos
Podría establecer un precedente, que en el futuro pueda repercutir en cualquier otro país miembro de la OEA", ya que son "inaceptables injerencias en asuntos que se desarrollan al interior de los Estados, en ejercicio soberano de sus funciones y facultades intrínsecas.
El reglamento aprobado en diciembre, establece el diseño de una nueva estructuración del país, cuyo objetivo es lograr la reducción de altos niveles de concentración de habitantes en zonas de alto riesgo.
Además prevé la reubicación efectiva de miles de personas damnificadas en viviendas dignas y seguras.
La temporada invernal en Venezuela obligó al Ejecutivo a declarar la emergencia en ocho estados de país.
La rápida respuesta del Gobierno central contribuyó a que el número de víctimas por las lluvias no fuese más alto, según ha explicado el presidente Chávez en reiteradas oportunidades.
El mandatario ha detallado que el fortalecimiento de las políticas de emergencia, tras la tragedia ocurrida en 1999 en el estado Vargas (centro-norte), ha permitido salvar la mayor cantidad de vidas posibles, algo prioritario para el Gobierno venezolano.
Los miles de venezolanos que perdieron sus casas se encuentran en 901 refugios en todo el país. Por primera vez en la historia, el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, habilitó espacios de su infraestructura para alojar a parte de estas familias.
