La Comandancia General de la Polícia del estado Bolívar (PEB) aplicará medidas disciplinarias contra varios efectivos adscritos a la comisaría Simón Bolívar, ubicada en Ciudad Guayana, por haber intentado desalojar sin permiso de las autoridades a un grupo de familias que ocuparon ilegalmente el conjunto residencial Orinoco.
Así lo informó este viernes el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Bolívar y comandante general de la PEB, coronel (GNB) Julio César Fuentes Manzulli, quien desmintió que la acción que pretendieron ejecutar estos funcionarios haya sido ordenada por el gobernador Francisco Rangel Gómez o el alto mando policial.“Los funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial (comisaría) Simón Bolívar iban a proceder sin autorización de la Comandancia General al desalojo de las familias que ocuparon las Residencias Orinoco, pero cuando el Comando General informó de la acción al gobernador Francisco Rangel Gómez, él ordenó de inmediato que se detuvieran”, informó.
Señaló además que los funcionarios fueron puestos a la orden del Comando General y serán sometidos a sanciones disciplinarias por haber actuado contra estas familias sin una orden expresa de sus superiores.
Recalcó además que la normativa de la Policía de Bolívar establece claramente que cualquier acción de control de orden público, o en este caso un desalojo de un conjunto de viviendas, debe ser realizado sólo después que se ha recibido el visto bueno de la Comandancia General de la PEB y del Gobernador del estado.
“Los uniformados actuaron de forma arbitraria, siguiendo un oficio presentado por la doctora Magda Rosa Sandoval Arteaga, fiscal auxiliar 11 de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, Puerto Ordaz, acción que no contó con la aprobación del Gobierno Regional”, recalcó Fuentes Manzulli.
Añadió que las personas que habitan de manera ilegal Residencias Orinoco continúan en ese mismo lugar. También, que se iniciará una investigación para determinar si hubo o no otros implicados en el presunto desalojo.
En este sentido, el secretario de Seguridad Ciudadana del estado Bolívar reiteró que “como gobierno socialista nosotros somos respetuosos de los derechos humanos y de las leyes y no vamos a avalar ningún tipo de atropello o acción que no esté sustentada en la normativa vigente”.
Señaló que la situación de estos ocupantes ilegales debe ser resuelta por las instancias correspondientes y la PEB sólo accionará la fuerza en caso de que así lo ordene el sistema judicial y sea estrictamente necesario en razón de reponer el orden público.
