Habilitantes buenas, habilitantes malas PORQUE LA OEA NO SE PRONUNCIA POR ESTO

El dinero que produzca esta venta será invertido, no en la construcción de viviendas o carreteras comunes y corrientes, sino, como lo explicó el propio mandatario, en obras de vialidad que faciliten las exportaciones colombianas. Una política coherente con la óptica capitalista que privilegia las mercancías por encima de las personas.
Con la medida anunciada por el presidente Santos, el Estado colombiano bajará su participación en la empresa a 80% de las acciones y los privados la elevarán a 20%. En el futuro, cualquier otra contingencia puede servir de excusa para una nueva venta de hasta 10%, pues la legislación colombiana establece un mínimo de 70% de participación accionaria por parte del Estado. Y la norma, como se sabe, puede modificarse para bajarla aún más en el futuro, según las cambiantes condiciones políticas (y ahora también climáticas) del mundo globalizado.
En Colombia, la propiedad 100% estatal sobre la empresa petrolera ya fue desvirgada en 2006, cuando una ley del ahora caído en desgracia Álvaro Uribe Vélez permitió la venta del primer 10% de las acciones.
“No es inteligente sacrificar la gallina de los huevos de oro”, objetó Jorge Robledo, portavoz del izquierdista Polo Democrático Alternativo en el Senado colombiano. “Si la Nación se queda sin el 20% de Ecopetrol, cada año recibirá 20% menos de la empresa, lo que equivale a decir que cada cinco años habrá uno en el que no le toque nada de sus utilidades”, advirtió Robledo (sus declaraciones se reseñan completas en nuestra página 13).
Si una medida como la de Santos hubiese sido tomada con Pdvsa por su par venezolano, Hugo Chávez, en el marco de los poderes extraordinarios conferidos por la pasada Asamblea Nacional ante la misma crisis de las lluvias, seguramente otro gallo cantaría.
Probablemente el escándalo nacional e internacional que se desarrolla en la actualidad sería atenuado por los aplausos del capital transnacional, ávido de ponerle mano, en forma directa o indirecta, a las acciones de Pdvsa.
Pdvsa es bastante más apetecida que Ecopetrol. En el ranking de las petroleras más grandes del mundo, elaborado por la publicación Petroleum Inteligence Weekly, la venezolana ocupó en 2010 el cuarto lugar, sólo superada por las corporaciones estatales de Arabia Saudita (Aramco, primera) y de Irán (NIOC, segunda) y la trasnacional estadounidense Exxon Mobil (tercera), mientras que Ecopetrol aparece en un lejanísimo puesto 50.
La derecha venezolana, al igual que la colombiana, rinde culto casi religioso a la privatización. No por azar en 2006 tres de sus fichas presidenciales (Manuel Rosales, Teodoro Petkoff y Julio Borges) propusieron fórmulas que, aunque barnizadas de populismo, implicaban la enajenación parcial de Pdvsa o de sus ingresos.
Puede que tanto allá como aquí los neoliberales crean con sinceridad que el mejor camino para los países sea el del capitalismo privatizador. Aquí, por suerte o desgracia, ya tuvimos suficiente de esa medicina, causante de, entre otras cosas, el 27-F.
En Bogotá, donde se distinguen por su cortesía y urbanidad (“Ay, pero qué pena con usted”), no fue aprobada una Ley Habilitante con ese nombre, sino que el Ejecutivo declaró un estado de excepción, con base en el cual hace lo mismo que si la hubiera: emite decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, hasta por tres meses.
En ese breve tiempo, un Gobierno puede, con impecables modales democráticos, despojar al país de su gallina de los huevos de oro –violentando los derechos de las futuras generaciones–, sin una OEA que desde Washington salte horrorizada.